Estados Unidos planea quitar la ciudadanía a inmigrantes naturalizados que hayan cometido ciertos delitos

Ciudadanía puede ser revocada por nuevos delitos

Más poder a fiscales federales

Crece temor por abusos

El gobierno de Estados Unidos está dando un giro significativo en su política migratoria con el objetivo de reforzar los controles sobre la ciudadanía.

Bajo la actual administración, el Departamento de Justicia (DOJ) ha decidido ampliar y priorizar los casos de desnaturalización, es decir, aquellos en los que se revoca la ciudadanía a personas naturalizadas por haber mentido u omitido información sobre delitos graves.

Esta medida ha reavivado un debate sobre el debido proceso, el riesgo de crear ciudadanos de segunda clase y las implicaciones para millones de inmigrantes naturalizados.

Cambios importantes en la ciudadanía por Naturalización

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Enfoque renovado para quitar la ciudadanía

El DOJ está instruyendo a sus abogados a priorizar los casos que involucren a ciudadanos naturalizados que cometieron ciertos delitos, otorgando además más margen de maniobra a los fiscales para decidir en qué casos actuar. Según un memorando del 11 de junio:

“La División Civil debe priorizar y perseguir al máximo los procedimientos de desnaturalización en todos los casos permitidos por la ley y respaldados por las pruebas”.

Este esfuerzo apunta especialmente a los ciudadanos estadounidenses nacidos en el extranjero. De acuerdo con cifras de 2023, casi 25 millones de inmigrantes eran ciudadanos naturalizados.

Casos concretos y precedentes históricos

El 13 de junio, un juez ordenó la revocación de la ciudadanía de Elliott Duke, un veterano militar estadounidense originario del Reino Unido que usa pronombres neutros (they/them).

Duke fue condenado por distribuir material de abuso sexual infantil, actividad que admitió haber comenzado antes de su proceso de naturalización.

Durante el juicio, Duke intentó conseguir un abogado defensor sin éxito y tampoco pudo viajar a Louisiana para las audiencias. Tras la decisión judicial dijo:

“Mi corazón se rompió cuando leí las líneas [de la orden]. Mi mundo se desmoronó”.

Este caso es uno de los primeros ejemplos de la política más agresiva de desnaturalización que la administración Trump está impulsando en su segundo mandato.

La práctica de desnaturalización tiene precedentes en la era McCarthy, cuando se empleó como herramienta política contra supuestos comunistas y nazis.

En un informe de 2019 titulado Un(Civil) Denaturalization, Cassandra Robertson explica:

“En el punto álgido de la desnaturalización, se presentaban alrededor de 22 000 casos al año, y eso con una población más pequeña. Era enorme”.

Nuevos delitos en la mira del DOJ

El memorando también amplía los delitos que podrían llevar a perder la ciudadanía, incluyendo violaciones a la seguridad nacional y fraudes contra individuos o el gobierno, como fraudes al programa de préstamos PPP o fraudes a Medicaid o Medicare.

Sameera Hafiz, directora de políticas del Immigration Legal Resource Center, alertó sobre los peligros de esta expansión:

“Ver que esta administración está trazando un plan para expandir su uso de formas que no habíamos visto antes es realmente impactante y preocupante”.

“Es, en cierto modo, intentar crear una segunda clase de ciudadanos estadounidenses”, añadió.

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Amplia discreción fiscal y críticas legales

El memorando otorga a los fiscales federales la capacidad de decidir qué casos perseguir, sin limitaciones estrictas:

“Estas categorías no limitan a la División Civil para perseguir ningún caso en particular”.

El profesor Steve Lubet de Northwestern University advierte sobre el riesgo de ambigüedad:

“Muchas de las categorías son tan vagas que resultan carentes de significado. Ni siquiera está claro que se refieran a la obtención fraudulenta (de la ciudadanía), en lugar de conductas posteriores a la naturalización”.

Lubet también se mostró preocupado por el impacto en familias:

“Lo que me llamó la atención es el efecto dominó que esto tendría en niños que se naturalizaron a través de sus padres. Personas que pensaban que eran estadounidenses con todas las de la ley y que no hicieron nada malo pueden, de pronto, estar en riesgo de perder la ciudadanía”.

Debate sobre el debido proceso y posiciones encontradas

Cassandra Robertson cuestiona el uso de litigios civiles para estos casos, argumentando que violan el debido proceso y reducen las garantías legales al no contemplar abogados de oficio ni una carga de prueba alta.

Hans von Spakovsky, de la Heritage Foundation, defiende la medida:

“No entiendo cómo alguien podría oponerse a que el Departamento de Justicia tome medidas para proteger a la nación de delincuentes obvios, depredadores y terroristas”.

Sobre el derecho a abogado, afirmó:

“Nada impide que ese extranjero contrate a su propio abogado. No tienen derecho a que el gobierno —y por tanto, el contribuyente estadounidense— pague su abogado”.

“Eso no es una violación del ‘debido proceso’ dado que todos los procedimientos migratorios son civiles y ningún individuo —incluidos los ciudadanos estadounidenses— tiene derecho a abogados proporcionados por el gobierno en asuntos civiles”.

Una pendiente resbaladiza para la ciudadanía estadounidense

Laura Bingham, directora ejecutiva del Temple University Institute for Law Innovation and Technology, advierte que este enfoque podría sentar un precedente peligroso:

“La ciudadanía no debería ser algo que puedas abrir una y otra vez para algunas personas y no para otras”.

Aunque el DOJ no respondió sobre el posible impacto en hijos de padres desnaturalizados o en casos de apatridia, el temor crece entre defensores de migrantes y expertos legales de que este endurecimiento sea solo el inicio de un escrutinio más intenso contra inmigrantes naturalizados.

El debate sobre la desnaturalización reabre viejas heridas históricas y plantea preguntas incómodas sobre quién merece ser llamado ciudadano estadounidense.

Mientras el gobierno argumenta que busca proteger al país de delincuentes, críticos temen un futuro donde millones de naturalizados se sientan inseguros sobre su estatus.

¿Es esta política una medida justa para proteger la seguridad nacional o un riesgo para el debido proceso y los derechos civiles?

FUENTE: NPR