Honduras lamenta la próxima cancelación del TPS para 72.000 compatriotas en Estados Unidos

Honduras : lamenta cancelación TPS

72,000 hondureños afectados

Gobierno ofrece acompañamiento oficial

El Gobierno de Honduras manifestó este lunes su profunda preocupación ante la decisión de Estados Unidos de cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para al menos 72.000 ciudadanos hondureños.

Una medida que entrará en vigor 60 días después de su publicación oficial en el Registro Federal, programada para mañana.

“Lamentamos la decisión del Gobierno de los Estados Unidos de cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para Honduras, medida que entrará en vigor en 60 días”, después de la publicación oficial del documento en el Registro Federal, programada para mañana, subrayó el canciller de Honduras, Javier Bu, en un comunicado publicado en sus redes sociales.

La determinación fue tomada por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DSH), que considera que ya no existen las condiciones extraordinarias que motivaron la concesión de este beneficio tras el paso devastador del huracán Mitch en 1998.

Honduras enfrenta difícil situación

FOTO: Captura de pantalla Instagran Javier Bu, Honduras

El Gobierno estadounidense ha sostenido que el país ha logrado avances significativos en infraestructura y servicios básicos, que reducen la justificación del programa de protección temporal para los hondureños que llevan décadas viviendo en Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses consideran que “ya no se justifican las condiciones del programa debido a que el país ha mejorado su capacidad tras el huracán Mitch”, enfatizó el canciller hondureño.

La cancelación del TPS llega tras años de incertidumbre para decenas de miles de familias que han hecho su vida en Estados Unidos.

Contribuyendo a la economía, pagando impuestos y construyendo comunidades, y ahora enfrentan un futuro incierto, con la amenaza de deportación o la necesidad de buscar vías legales alternativas en un sistema migratorio saturado y complejo.

La pérdida de este estatus legal afectará a aproximadamente 72.000 hondureños, cifra estimada por el propio Gobierno de Estados Unidos, que fijó como fecha límite para la extensión del beneficio el pasado sábado 5 de julio.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, “el 95,7 % de la población tiene acceso a agua, un 83,8 % cuenta con saneamiento básico y el 93,2 % tiene electricidad”, señaló Bu, enumerando los argumentos oficiales para justificar la suspensión del programa.

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El Gobierno hondureño, sin embargo, subraya que esos indicadores no reflejan las condiciones socioeconómicas reales de muchas comunidades, ni el impacto que supondría para los retornados adaptarse sin preparación ni redes de apoyo.

Además, el canciller recordó que Honduras ha logrado captar 1,8 millones de dólares en inversión extranjera directa entre 2023 y 2024.

El mismo ha ejecutado proyectos de infraestructura urbana, aunque admite que estos avances no eliminan del todo las vulnerabilidades estructurales del país.

Ante esta situación, el Gobierno de Honduras ha expresado su compromiso de acompañar a los connacionales que resulten afectados por la cancelación del TPS, estableciendo planes de asistencia y mecanismos para facilitar su reintegración o explorar opciones legales en Estados Unidos.

“Desde el Gobierno reiteramos nuestro compromiso de velar por los derechos de nuestros compatriotas en el exterior, acompañarlos en este proceso y continuar abogando por soluciones permanentes que reconozcan su invaluable aporte”, afirmó Bu.

Esta decisión de Washington se produce en un contexto de creciente presión política sobre el tema migratorio en Estados Unidos, con posturas más restrictivas y una atención reforzada en la frontera sur, lo que ha dificultado la búsqueda de acuerdos migratorios integrales en el Congreso.

En los últimos años, la comunidad hondureña amparada por el TPS se ha convertido en un pilar para numerosas industrias estadounidenses, desde la agricultura hasta la construcción y los servicios, generando debate sobre la justicia y viabilidad de forzar su salida tras más de dos décadas de residencia legal y trabajo formal.

Por su parte, organizaciones de migrantes y defensores de los derechos humanos han criticado la decisión, advirtiendo del impacto económico y social que podría derivarse para ambas naciones y llamando a encontrar alternativas humanitarias que eviten una deportación masiva.

El gobierno hondureño ha insistido en que continuará gestionando con autoridades estadounidenses opciones más permanentes para regularizar a sus ciudadanos, al tiempo que reitera su voluntad de garantizar un retorno digno y seguro a quienes deban regresar.

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FUENTE: EFE