Trump demanda a Virginia por dar matrícula estatal a indocumentados

DOJ demanda a Virginia

Matrícula estatal en disputa

Conflicto con ley federal

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda contra el estado de Virginia por permitir que estudiantes sin estatus migratorio legal accedan a tarifas de matrícula estatal en colegios y universidades públicas.

La demanda fue presentada el lunes por la noche por la administración Trump, según NBC News.

Según el documento, el Código de Educación de Virginia entra en conflicto “directamente” con la ley federal de inmigración.

Demanda federal contra política educativa de Virginia

BREAKING The Trump DOJ just SUED Virginia for giving illegal aliens up to a $40,000 tuition discount while SCREWING American citizens

Yes really
Illegals get in state prices
Americans from other states pay full price

That is discrimination against U.S. citizens

DOJ said it… pic.twitter.com/9gjN01PpTZ

— ⁿᵉʷˢ Barron Trump (@BarronTNews_) December 30, 2025

En el texto legal, el Departamento de Justicia sostiene que la legislación estatal otorga un beneficio educativo a personas que no residen legalmente en el país.

Ese beneficio, afirma el gobierno federal, es negado a ciudadanos estadounidenses que no cumplen con los requisitos de residencia en Virginia.

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Para el Departamento de Justicia, esa diferencia constituye una violación clara de la ley federal.

El caso se suma a una serie de acciones legales similares impulsadas en distintos estados durante los últimos meses.

El argumento legal del gobierno federal

The Justice Department is suing Virginia over its policy of allowing students without legal immigration status access to in-state tuition rates at its public colleges and universities. https://t.co/95vDYgKixi

— NBC News (@NBCNews) December 30, 2025

En la demanda, Elianis Pérez, subdirectora de la Oficina de Litigios de Inmigración del Departamento de Justicia, sostiene que la ley federal es explícita.

“La ley federal prohíbe a los estados proporcionar a los extranjeros que no residen legalmente en Estados Unidos ningún beneficio de educación postsecundaria que se les niega a los ciudadanos estadounidenses”, escribió.

Pérez subrayó que no existen excepciones a esa prohibición.

Según la denuncia, desde 2022 la ley de Virginia permite que estudiantes sin estatus migratorio legal accedan a tarifas de matrícula estatal reducidas.

Para calificar, los estudiantes deben haber vivido en Virginia durante al menos dos años.

Al mismo tiempo, la ley niega ese mismo beneficio a ciudadanos estadounidenses que no son residentes del estado.

El Departamento de Justicia argumenta que esa diferencia de trato es incompatible con la legislación federal vigente.

En una declaración emitida en septiembre, la agencia sostuvo que estas leyes “discriminan inconstitucionalmente a los ciudadanos estadounidenses”.

Según el gobierno federal, el conflicto es directo y no admite interpretaciones alternativas.

El contexto nacional y las reacciones

La oficina del gobernador de Virginia, Glenn Youngkin, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la demanda.

Youngkin es republicano y encabeza un estado que adoptó esta política en 2022.

Virginia no es el único estado en la mira del Departamento de Justicia.

La administración Trump presentó demandas similares contra Oklahoma en agosto.

En septiembre, el gobierno federal demandó a Illinois.

En noviembre, se presentó una acción legal contra California.

Además, en junio, un juez federal bloqueó una política de Texas que otorgaba ayuda financiera a inmigrantes no autorizados.

Según el Centro Nacional de Leyes de Inmigración, al menos 22 estados cuentan con leyes de matrícula de “equidad”.

De esos estados, 14 ofrecen algún tipo de ayuda para la matrícula a estudiantes que cumplen ciertos requisitos previos.

Estas políticas se aplican independientemente del estatus migratorio de los estudiantes.

El mismo centro señala que la ley federal no prohíbe estas prácticas si los estados ofrecen la misma oportunidad a no residentes que cumplan los mismos requisitos.

El Departamento de Justicia rechaza esa interpretación.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, afirmó que el tema es una “simple cuestión de ley federal”.

“Las escuelas no pueden brindar a los inmigrantes indocumentados beneficios que no ofrecen a los ciudadanos estadounidenses”, dijo.

Bondi agregó que el Departamento de Justicia no tolerará que traten a los estudiantes estadounidenses como ciudadanos de segunda clase.