Deportaciones, contratos privados y fin de protecciones: el escenario migratorio que se perfila en 2026
Publicado el 04/01/2026 a las 16:07
- Escenario migratorio en 2026
- Cambios migratorios clave
- Protecciones en riesgo
El año 2026 marcará un punto de inflexión en la política migratoria de Estados Unidos bajo el gobierno del presidente Donald Trump.
Por primera vez desde su regreso a la Casa Blanca, el mandatario contará con control pleno del presupuesto federal destinado a inmigración.
Ese escenario permitirá acelerar su plan de deportaciones masivas a través de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Al mismo tiempo, se preparan cambios profundos en trámites, protecciones humanitarias y acceso a beneficios sociales.
ICE refuerza deportaciones con más agentes y fondos
ICE podría operar en 2026 con más de 10,000 nuevos agentes federales actualmente en proceso de contratación.
El objetivo es ampliar las redadas y operativos en ciudades con alta concentración de inmigrantes indocumentados.
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La estrategia se apoya en la llamada “Gran y Hermosa Ley” (BBB), que asigna más de 170 mil millones de dólares a la aplicación migratoria.
Ese presupuesto incluye la ampliación de centros de detención con 80,000 camas adicionales.
Empresas privadas y “cazadores de recompensas”
Informes recientes indican que el gobierno federal ha firmado contratos con empresas privadas para localizar inmigrantes.
Estas compañías realizarían labores de rastreo en hogares y lugares de trabajo, con contratos que podrían alcanzar los 280 millones de dólares.
Una de ellas es BI Incorporated, filial de GEO Group, empresa penitenciaria con fines de lucro.
La firma ya había colaborado con el gobierno en programas de vigilancia mediante tobilleras electrónicas.
Más control, menos protección
Las propuestas para utilizar servicios privados no son nuevas y ya habían sido consideradas en meses anteriores.
Incluso, legisladores estatales intentaron impulsar programas de “cazadores de recompensas”, aunque sin éxito.
Ahora, los contratos federales amplían de forma directa el papel del sector privado en la aplicación de la ley migratoria.
Organizaciones civiles advierten que este enfoque incrementa el riesgo de abusos y errores.
Trámites migratorios más restrictivos
En paralelo, la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) prepara cambios clave en los procesos migratorios.
Uno de los más relevantes es la nueva regla de carga pública para condicionar la Residencia Legal Permanente.
Esta política busca penalizar el uso de ayudas sociales como cupones de alimentos.
“La administración Trump y el Congreso también están dificultando la vida diaria de los inmigrantes”, reconoció Galett.
Visas de trabajo y nuevas reglas
El Departamento de Seguridad Nacional confirmó cambios en la asignación de visas H-1B.
El sistema dejaría atrás la lotería y priorizaría el perfil de los solicitantes.
Las autoridades anticipan que más trámites podrían modificarse durante el año.
Esto añade incertidumbre a miles de trabajadores extranjeros y empleadores.
Fin del TPS y protecciones temporales
En octubre, la Corte Suprema autorizó avanzar con el fin del TPS para venezolanos.
La medida forma parte del esfuerzo por reducir el uso del parole o perdón temporal a la deportación.
Para la Barra de Abogados de Nueva York, existe una tendencia clara al desmantelamiento del sistema migratorio.
Otras protecciones podrían correr la misma suerte en los próximos meses.
Ciudadanía por nacimiento en la Corte
La Corte Suprema deberá decidir antes de junio sobre la orden de Trump para bloquear la ciudadanía por nacimiento.
El caso Barbara v. Trump podría sentar un precedente histórico.
Si el fallo favorece a la administración, unos 255,000 niños al año no obtendrían la ciudadanía.
La decisión impactaría a millones de familias mixtas en todo el país, detalló ‘La Opinión‘ y ‘San Diego Tribune‘.
