Demanda colectiva busca anular multas migratorias de Trump

• Demanda colectiva por multas migratorias
• Acusan abuso de poder federal
• Exigen declarar sanciones inconstitucionales

Segun informa la agencia EFE, Una coalición de abogados presentó este jueves una demanda colectiva contra la Administración del presidente Donald Trump, acusándola de abuso de poder por imponer multas civiles de hasta 1,8 millones de dólares a inmigrantes indocumentados con el fin de presionarlos para que abandonen Estados Unidos.

La demanda, presentada ante el tribunal federal del Distrito de Massachusetts, busca que estas sanciones sean declaradas inconstitucionales y quede prohibida su imposición o cobro en el futuro.

El litigio se interpuso en nombre de dos inmigrantes —María L., residente de Massachusetts, y Nancy M., de Florida— quienes enfrentan multas por un total de 1,8 millones de dólares bajo la regulación vigente.

Sin embargo, el caso pretende representar a más de 21.500 personas que han recibido sanciones similares desde enero de 2025, sumando montos superiores a los 6.000 millones de dólares, según un comunicado conjunto de las organizaciones participantes.

Cambios normativos aceleraron sanciones migratorias

🔖 | Demanda colectiva contra Gobierno de Trump busca anular multas impuestas a inmigrantes

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— Sondeo Latino News (@sondeolatinord) November 21, 2025

lass=»yoast-text-mark» />>Al inicio del actual mandato presidencial, la normativa establecía que los inmigrantes debían recibir un aviso con 30 días de antelación antes de que se emitiera una multa en su contra.

Esa regla fue modificada en junio para eliminar el periodo de aviso previo y permitir que los agentes de inmigración enviaran las notificaciones de sanción por correo ordinario, reduciendo también el tiempo para presentar recursos.

El Gobierno justificó la nueva reglamentación alegando la necesidad de agilizar los procedimientos, pero la demanda sostiene que estos cambios redujeron derechos fundamentales de las personas afectadas.

La norma establece multas de hasta 998 dólares por día para quienes ingresaron ilegalmente al país, así como para quienes ignoraron órdenes de salida o retrasaron su partida después de recibir instrucciones oficiales.

Multas a inmigrantes afectan incluso a solicitantes legales

También se aplican a quienes incumplen acuerdos judiciales que les permiten abandonar el país voluntariamente en lugar de enfrentar una deportación forzada.

De acuerdo con la demanda, estas sanciones se han impuesto incluso a inmigrantes que se encuentran en procesos legales de alivio migratorio, como solicitudes de ajuste de estatus.

Los abogados alegan que el Gobierno también ha multado a personas que cumplen con los requisitos de supervisión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) o que no pueden regresar de manera segura a su país de origen.

Los demandantes sostienen que el sistema de multas constituye una política injusta y desproporcionada que no distingue entre quienes intentan cumplir con la ley y quienes la eluden.

Acusaciones de violaciones constitucionales y legales

En su petición al tribunal, los abogados solicitan que se anule por completo la normativa que autoriza la emisión de multas civiles por parte del Gobierno federal.

La demanda pide que se declaren ilegales e inconstitucionales las sanciones ya impuestas y se prohíba permanentemente al Gobierno seguir aplicándolas.

El documento argumenta que la reglamentación viola múltiples protecciones constitucionales y legales, incluyendo la cláusula del debido proceso de la Quinta Enmienda.

Según los argumentos presentados, esta cláusula se vulnera porque el Gobierno impone multas sin previo aviso, sin pruebas suficientes y sin ofrecer una oportunidad real de disputar las sanciones.

Reclamaciones por multas excesivas y proceso irregular

La demanda también afirma que la normativa infringe la cláusula de multas excesivas de la Octava Enmienda, dado que sanciones de hasta casi 2 millones de dólares resultan desproporcionadas y pueden arruinar financieramente a los individuos afectados.

Asimismo, señala una violación del derecho a un juicio por jurado garantizado por la Séptima Enmienda, ya que las sanciones se imponen mediante procedimientos internos de las agencias, en lugar de decidirse ante un tribunal.

Los demandantes aseguran que estas prácticas permiten al Gobierno ejecutar penalidades monetarias sin controles judiciales adecuados.

Finalmente, la demanda plantea que la normativa viola la Ley de Procedimiento Administrativo porque el Gobierno la emitió sin seguir el proceso de notificación y comentarios que exige la legislación vigente.